La violencia psicológica en contra la mujer aumentó en Chile en un 68% con respecto al 2019, así lo dio a conocer un estudio realizado PRODEMU titulado “Encuesta nacional sobre la desmitificación del amor romántico y violencia simbólica.
Entre los resultados del estudio se encontró un 77% de las encuestadas señaló que en sus relaciones de pareja han sufrido este tipo de violencia alguna vez en su vida, mientras que un 16% declaró que su ex pareja las han amenazado con quitarles los hijos, un 28% declaró que se han sentido avergonzadas por su pareja por su forma de vestir y un el 19% han sido víctima de violencia económica limitado su autonomía económica.
El estudio fue realizado en febrero de 2021 y del total de las encuestadas un 26% admitió haber sido chatajeadas con la declaración “si no estamos juntos voy a morir”, un 32% sus parejas les han prohibido ver a sus amigos, un 45% señaló que alguna de sus parejas “se ha enojado porque hablar con otra/as personas”, un 36% señaló que las han “acusado de infidelidad”. Por otra parte, 40% de las encuestadas señaló que alguna de sus parejas “tomó decisiones importantes para la relación sin consultar su opinión”.
Para la Dra Graciela Julia Angriman, profesora de la cátedra de Mujer y Derecho Penal del Máster en Derecho Penal y Garantía Constitucionales dictado por la Universidad de Jaén en conjunto con Fundación Fucid, el estudio es evidencia de un aumento en la violencia psicológica contra la mujer.
“La sociedad naturaliza acciones como la humillación, la violencia económica, el control, el chantaje emocional y la amenaza, sobre todo en la relación de pareja, cuando realmente es violencia psicológica contra la mujer”, destacó.
“La violencia física es solo una pequeña parte del conflicto. Antes de llegar a ese punto hay manipulación, amenazas, acoso, humillación, descalificación, menosprecio, control, celos que implican una coartación limitante. El agresor ejerce esa conducta sostenida en el tiempo y va logrando con esto el dominio sobre la víctima y sobre la relación en su conjunto”, detalla.
La experta señala que el problema radica en que la Ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar obliga al estado a otorgar protección a las víctimas y adoptar las medidas conducentes a garantizar la vida, integridad personal y seguridad de los miembros de la familia, e implementar políticas orientadas a prevenir la Violencia Intrafamiliar, sin embargo esta debe ser ampliada para que también pueda abordar todas las formas de violencia contra las mujeres, en los distintos espacios, y no sólo las que se dan en el contexto familiar.
